El concepto de castigo por el delito cometido está presente en las culturas de distintas sociedades a lo largo de la historia.
En algunos casos esta sanción es leve y en otros desproporcionada, como en algunas sociedades teocráticas de Oriente, en las que la sanción prevé se corte la mano al ladrón, todo esto con multiplicidad de niveles.
Otras culturas imponen la justicia por mano propia, como en etnias de Bolivia, donde el linchamiento es una práctica aceptada, contra la cual el Estado no puede actuar pues siempre llega tarde. Así ocurre en casos de la autodenominada “justicia comunitaria” ocurridos en regiones como El Alto.
En la República Argentina la justicia es más laxa que en otros países, liberando a quienes deberían cumplir una pena o reduciéndola de manera escandalosa, lo que indigna más a la sociedad en casos que no admiten discusión, como asesinatos en robos, por motivos personales, utilizando un vehículo como arma, en violencia de género con la pareja antigua o actual y múltiples situaciones conocidas por la opinión pública.
Así se produce socialmente un sentimiento de impotencia que lleva a hechos violentos en contra de estos agresores y la impunidad judicial que los protege.
En caso de que algunos ciudadanos reclamen en los tribunales o por los medios de difusión el cumplimiento de la pena, son calificados como antidemocráticos e impulsores de violencia.
Empero, la justicia debidamente aplicada, con las sanciones correspondientes cumplidas en tiempo y forma, es el mejor antídoto contra la violencia.
En la medida en que q uienes están tentados de delinquir sepan que la Justicia actúa como corresponde y las penas establecidas en los Códigos legales no son letra muerta sino que se cumplen, los delitos disminuirán.
No hace falta para ello ejercer violencia sino simplemente aplicar las leyes vigentes. Si los ciudadanos ven que éstas se cumplen y quienes son responsables de una muerte van presos y no tienen beneficios especiales ni reducciones de pena, se alejará del inconsciente colectivo el deseo de violencia.
La denominada justicia por mano propia o comunitaria es un retroceso injustificable en cualquier sociedad, mucho más cuando está vigente un régimen democrático, y debe ser rechazada por quienes componen esa sociedad, sin ninguna excusa, argumento o falacia que lleve siquiera a pensar en su aplicación.
Este rechazo, basado en normas y códigos de orden público, además de su relación con la ley natural, encuentra a menudo justificativo en el incumplimiento por parte de las autoridades del deber de aplicar la Ley, incluyendo en algunos casos connivencia de al menos dos de los tres Poderes que rigen una nación, como en la República Argentina son los Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por el contrario, si la sociedad percibe que quien comete un delito es sancionado con una pena efectiva a cumplir, irá incorporando el concepto de que este cumplimiento vuelve innecesaria la violencia del linchamiento.
Así quedan desvirtuados dos extremos de pensamiento: el que sostiene que quien delinque debe ser absuelto o tener una pena leve y el que justifica la violencia como acto reparador, inclusive con grave daño físico o la pérdida de la vida del culpable.
En la medida en que la Justicia tenga vigencia, cesarán las exhortaciones a buscarla por fuera del Derecho y una vida más equilibrada será posible. Alberto Auné
Cultura, Ciencia y Pensamiento 